He estado algo ocupado esta la última semana, lo que me ha llevado a desatender el blog un poco. Pero hoy vuelvo al análisis de la actualidad con uno de los temas más candentes de estos días: por un lado, la concesión a Palestina de condición de estado observador en la Asamblea General de Naciones Unidas, y por otro, la decisión del gobierno de Israel de sacar adelante el proyecto de asentamientos judíos en Jerusalén Este. La entrada de hoy es una breve reflexión sobre la primera cuestión.
Final de trayecto
El pasado jueves Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina desde 2005, logró una significativa victoria diplomática al conseguir que la Asamblea General de Naciones Unidas otorgase a Palestina el estatus de estado no-miembro observador, que permitirá a Palestina participar en los debates y presentar resoluciones, aunque no votarlas.
La mayoría de miembros observadores de la Asamblea General son de hecho organismos internacionales como la Unión Europea, u organizaciones no gubernamentales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que están interesadas en influir las decisiones de la ONU pero no tienen la personalidad legal para ser miembros de pleno derecho. El único estado soberano que antes del jueves ostentaba el rango de observador era la Santa Sede. Y es que en realidad tiene poco sentido ser un estado observador pero no miembro; Suiza fue el último estado en hacer la transición de observador a miembro, en 2002.
La clave aquí es que para ser observador sólo hace falta el consentimiento de la Asamblea General, que funciona por mayoría simple. En el caso de Palestina, la votación fue de 138 a favor, 41 abstenciones y 9 en contra, incluyendo a Estados Unidos. El problema es que para ser aceptado como estado miembro de las Naciones Unidas hace falta el consentimiento del Consejo de Seguridad, que no opera democráticamente sino en base al principio de veto de los miembros permanentes. Y mientras el compromiso político de Estados Unidos con las posturas del gobierno israelí siga siendo tan inflexible es practicamente imposible que Palestina llegue a ser un estado miembro de la ONU.
Un estado para gobernarlos a todos
En un famoso artículo sobre estados fallidos en África publicado allá por 1982, los politólogos Robert Jackson y Carl Rosberg definieron claramente la distinción entre el “estado jurídico” y el “estado empírico”: mientras que el primero consiste en el reconocimiento internacional de la soberanía de un estado, el segundo se refiere a la capacidad de ese estado de gobernar de forma tangible dentro de sus fronteras. A grandes rasgos esta distinción es aquella entre soberanía negativa (libertad del control de otros) y soberanía positiva (capacidad de ejercer control). Y más o menos también es lo mismo que escribía Stephen Krasner en su libro Soberanía: Hipocresía Organizada (1999), donde distinguía entre soberanía legal e internacional, por un lado, y soberanía Westphaliana e interna, por otro. En conclusión: tan sólo mediante la obtención de reconocimiento internacional Palestina no se convertirá en un estado real de la noche a la mañana.
Existen dos factores principales que limitan un posible estado empírico palestino. En primer lugar, la política de construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania, junto con la construcción de la “verja de seguridad” o muro de separación, ha arrancado un porcentaje importante de territorio a una hipotética Palestina, y ha dividido lo que queda en reductos más o menos aislados entre sí que otorgarían a un futuro estado el aspecto de un archipiélago.
En segundo lugar, el futuro estado Palestino está dividido en dos territorios controlados por sendos partidos políticos. Desde 2007 la organización islamista y terrorista Hamas controla de manera exclusiva la Franja de Gaza, mientras que Cisjordania ha quedado en manos de Fatah, el partido afín a la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat y del actual presidente Mahmud Abbas. Esto significa que el reconocimiento internacional que la Autoridad Palestina ha logrado en la ONU se limita en la práctica a una Cisjordania fragmentada.
Parece claro que parte del cálculo estratégico detrás del voto en la Asamblea General ha sido intentar reforzar la posición de la Autoridad Palestina frente al gobierno de Israel, que continúa con su política de asentamientos, y frente a Hamas, que continúa con su populismo anti-Fatah. Pero dada la animosidad mutua que domina las relaciones de estos tres actores, y dada la posible colaboración maquiavélica de extremistas israelíes y de Hamas contra Abbas (como hemos visto en el reciente conflicto de Gaza), es poco probable que el éxito en la Asamblea General se traduzca en una victoria política dentro de Palestina.
