La historia que tiene a medio internet escandalizada estos días es la última filtración sobre la vigilancia que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ejerce sobre comunicaciones online entre Estados Unidos y el extranjero, a través de un programa llamado PRISM (“Prisma”). El diario progresista británico The Guardian tiene todos los detalles de la historia, y acaba de publicar un perfil y entrevista al filtrador, un ex-trabajador de la CIA y la NSA que actualmente se ha recluido en un hotel en Hong Kong. La filtración del programa PRISM puede estimular un debate público que hasta ahora se había circunscrito a intelectuales y activistas de la red: ¿Dónde acaba el imperativo de proteger a los ciudadanos, y dónde empieza la jaula de hierro digital?
La gran paradoja para quienes nos dedicamos al desarrollo es que estudiamos o trabajamos en países donde no hay estado suficiente, mientras que vivimos o provenimos de países en los que quizás hay demasiado estado. El gran teórico moderno del estado, el sociólogo alemán Max Weber, ya alertó hace 100 años sobre los riesgos de una burocracia todopoderosa: mediante la expresión “la jaula de hierro” intentó capturar el peligro de organizar toda la vida social según criterios de control, eficiencia, racionalidad e impersonalidad. Distopías literarias como Un mundo feliz (Aldous Huxley, 1932) y 1984 (George Orwell, 1949) han tratado de imaginar las diferentes formas que esta jaula podría tomar en el futuro.
En Estados Unidos, con una sociedad tradicionalmente libertaria y poco enamorada del estado del bienestar, la jaula de hierro se ha consolidado lejos de la mirada pública en el sector de la seguridad y la defensa. Fue a raíz de la Guerra Fría que surgió lo que el historiador Arthur Schlesinger llamó “la presidencia imperial”, aunque otros investigadores del desarrollo político americano sitúan las raíces de este fenómeno en la expansión hacia el oeste y la Guerra Civil en el siglo XIX. El ex-militar y profesor de historia Andrew Bacevich ha argumentado repetidas veces que fueron los “guerreros fríos” de la CIA y el mando estratégico de misiles nucleares quienes generaron la cultura de guerra permanente en Estados Unidos, animados por una mezcla de idealismo, paranoia y oportunismo que ha persistido en las agencias de seguridad hasta el presente.
La jaula de hierro de seguridad en Estados Unidos se reforzó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y sobre todo mediante la Ley Patriótica que otorgó a la presidencia poderes sin precedentes en tiempos de paz. Se ha acusado mucho a George Bush de fomentar el “estado de seguridad nacional” mediante su “Guerra contra el Terror”; pero Barack Obama no se ha quedado atrás, y en su afán por combatir el terrorismo sin empantanarse en conflictos militares ha intensificado tanto el uso de asesinatos mediante drones como la vigilancia de comunicaciones externas e internas.
Es importante recalcar que mediante PRISM, el programa de la NSA que ahora ocupa titulares, en ningún momento se ha incumplido la ley. La agencia opera bajo la cobertura legal de la Ley de Vigilancia e Inteligencia Exterior (FISA) y ha recibido el beneplácito de los comités confidenciales del Congreso de Estados Unidos encargados de supervisar las actuaciones encubiertas de las agencias de seguridad.
La pregunta clave es si un estado democrático tiene derecho a usar sus poderes -delegados por los ciudadanos- para vigilar y controlar sus acciones y comunicaciones sin conocimiento público.
Históricamente, en el ámbito analógico la respuesta ha sido sí: la mayoría de países tienen censos, documentos nacionales de identidad, y burocracias de impuestos que fiscalizan gran parte de los movimientos de los ciudadanos, además de organizaciones policiales y de inteligencia que en cualquier momento pueden vigilarles con permiso judicial. Y la sociedad ha generado organizaciones y grupos de presión en favor de las libertades civiles para asegurarse de que el estado no se extralimite en aquellas actuaciones de vigilancia menos sujetas a escrutinio público.
En el ámbito digital la batalla no ha hecho más que empezar. Por un lado internet se diseño deliberadamente para que funcionase de forma descentralizada: no existe un servidor individual que contenga el “núcleo” de internet y sin el cual toda la red deje de funcionar. Esto ha facilitado la libertad de expresión y comunicación, pero también ha convertido a la red en un canal de diseminación de ideas y prácticas que en el mundo analógico están perseguidas, como la pornografía infantil o el racismo. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation existen para defender la “neutralidad de la red” así como el respeto a la privacidad de los usuarios.
Tres factores militan contra la independencia de internet, sin embargi: (1) La proliferación de actividad de redes terroristas online, así como de ciberataques maliciosos, ha convertido a internet en un nuevo ámbito de defensa nacional para los estados. (2) Aunque la red en sí está distribuida de forma descentralizada, la infraestructura de comunicaciones por la que viajan los datos (principalmente en forma de cables de fibra óptica) tienen cuellos de botella y están sujetos al control gubernamental; es esta vulnerabilidad de infraestructura lo que permite la Gran Muralla Cortafuegos de China. (3) Y lo más importante, la interacción de los usuarios con internet se ha ido consolidando en los últimos 10 años en torno a un número muy pequeño de proveedores de servicios y plataformas de contenido, lo cual facilita a las autoridades el acceso a gran cantidad de datos mediante la colaboración de un número relativamente pequeño de empresas privadas: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Youtube, Skype y Apple (pero no Twitter) colaboran todas con el programa PRISM de la NSA.
Aún cuando los estados recopilan sólo los metadatos (quién, a quién, cuándo, dónde, cómo) y no el contenido de los mensajes y llamadas, la privacidad sigue estando en juego en la medida en la que las agencias de seguridad pueden confeccionar mapas detallados de las redes sociales de los ciudadanos así como de los servicios que usan.
Internet es la próxima frontera en cuestión de libertades individuales. Y es preciso preguntarse si es en internet donde el estado -libre de los límites y contrapesos construidos por la sociedad civil en los últimos dos siglos- corre un verdadero riesgo de convertirse en una jaula de hierro digital.
